Daniel Gómez (ALN).- “Estamos profundamente preocupados por los constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas en Venezuela”, dijo la portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado.
Azul Positivo es una ONG venezolana centrada en la prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Pero para la jueza del Tribunal Cuarto de Control del estado Zulia, Yesiré Rincón, se trata de una organización que hace un “manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales”.
Con estos cargos la jueza dictó este jueves presión preventiva contra cinco trabajadores de Azul Positivo. Los cinco fueron detenidos el martes luego de un operativo de la policía regional junto a oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en la sede de su organización.
Es la segunda vez en menos de dos meses que ocurre algo así. El 15 de diciembre un grupo de agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) allanó Convite con la excusa de que el organismo lideraba un operativo terrorista y contaba con armas en su poder.
Convite, no obstante, es una ONG que se dedica a apoyar a las personas mayores en Venezuela.
Antes, en noviembre, la asociación benéfica Alimenta la Solidaridad también fue abordada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por cargos de blanqueo de capitales y pertenencia a una asociación ilícita.
Preocupación y desconcierto de la ONU
Como se ve, el gobierno de Nicolás Maduro está incrementando la presión contra las organizaciones humanitarias. Sobre todo, contra aquellas que han acudido al extranjero para financiarse. Sin embargo, sus acciones no están pasando desapercibidas.
“Estamos profundamente preocupados por los constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas en Venezuela”, dijo la portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado.
Explicó que los “Estados no deberían imponer restricciones indebidas a la capacidad de las ONGs de acceder a la financiación de fuentes nacionales, extranjeras o internacionales”.
Hurtado definió como “desconcertante” que los allanamientos “estén acompañados de declaraciones de funcionarios públicos que exhortan a la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y de su personal”.
Cruzada contra los medios de comunicación
La portavoz también recordó lo sucedido con los medios de comunicación. La semana pasada, policías y militares de Maduro confiscaron los equipos del canal VPI TV, allanaron la sede del diario Panorama, y acusaron a Efecto Cocuyo, Caraota Digital, El Pitazo, y Radio Fe y Alegría de ser “mercenarios del periodismo” y de recibir financiamiento del extranjero para derrocar al gobierno de Maduro.
A propósito del episodio contra los medios de comunicación, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, tomó nota.
“Observamos restricciones a la libertad de expresión. Esto incluye la aplicación de la Legislación contra el Odio, ataques a defensores de los derechos humanos, y ataques y detenciones a periodistas”, apuntó Bachelet en una sesión en Ginebra.
Por todo lo anterior, Marta Hurtado dijo este jueves: “Instamos a las autoridades a que dejen de acosar a personas por realizar un trabajo legítimo, ya sea en el sector humanitario, de derechos humanos, o en los medios de comunicación. Una sociedad civil libre, diversa y activa es crucial para cualquier democracia y debe ser protegida, no estigmatizada o perseguida”.
