(EFE).- El congresista electo Jorge Montoya, uno de los candidatos más votados en los comicios generales peruanos del pasado 11 de abril, pidió que en su país se celebren «nuevas elecciones con auditores internacionales durante todo el proceso», una posición que le ha generado acusaciones de sedición. Montoya, un almirante retirado de la Marina de Guerra, aseguró en Twitter que el sistema electoral peruano «ha sido vulnerado por dentro y fuera, ya no brinda confianza» tras la segunda vuelta presidencial disputada el pasado 6 de junio entre el izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori.
La Constitución peruana no habilita la anulación de elecciones bajo ningún concepto, salvo «cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superen los dos tercios del número de votos válidos», según señala en su artículo 184.
Por su parte, misiones de observación internacional, como la Organización de Estados Americanos (OEA), han descartado la existencia de «graves irregularidades» en las elecciones peruanas.
CUESTIONA LEGITIMIDAD DE FUTURO GOBIERNO
Montoya, quien es un abierto opositor a la candidatura de Castillo, al que Fujimori y sus partidarios acusan de «comunista», agregó que los jefes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas, y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, «deben renunciar a sus cargos y asumir sus responsabilidades».
Fujimori asegura desde la semana pasada que ha sido víctima de una «fraude en mesa» y ha presentado cientos de pedidos de anulación de actas electorales, así como numerosos recursos antes los organismos electorales.
Este martes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que Castillo mantiene una ventaja de 44.816 votos cuando ya se ha contabilizado el 99,985 % de las actas.
El pequeño porcentaje de votos que aún están por contabilizar, está comprendido en otras 13 actas, aunque para la promulgación del vencedor aún se deberá esperar a que se revisen todos los pedidos de nulidad de actas impulsados, en su mayoría, por Fujimori.
A pesar de ello, el congresista electo por el partido ultraderechista Renovación Popular, aseguró que «la legitimidad del futuro gobernante será nula ante las decenas de irregularidades en este proceso electoral con una frágil gobernabilidad y estabilidad».
Montoya, quien por su alta votación podría presidir el próximo Legislativo, añadió que «anular y convocar a nuevas elecciones será la solución más prudente para evitar la posible ingobernabilidad que se avecina».
ACTO DE SEDICIÓN
Estos planteamientos fueron considerados este martes por el diario La República como un «acto de sedición», ya que aseguró que «desconocer el resultado de una elección o pretender alterar el orden democrático desconociendo a un gobierno legítimamente elegido está expresamente prohibido en la Constitución y sancionado en el Código Penal».
«La Carta Magna señala que el poder emana del pueblo y que aquel que se atribuye esa autoridad fuera de la ley comete rebelión y sedición, que se sancionan con hasta 20 años de cárcel», enfatizó el rotativo.
Agregó que en las leyes peruanas «también se condenan la conspiración, promoción y dirección de esos delitos» y que los cargos de los jefes del JNE y la ONPE «son irrenunciables por mandato de la ley».
Montoya respondió acusando a La República de valerse de un tuit para provocar «distorsión en la opinión pública» y dijo que «aún existe la libertad de expresión, la misma que ese medio denigra con sus amenazas para callarnos pero la cobardía sale a la luz».
POSICIÓN DE EX JEFES MILITARES
El exalmirante expresó esta posición poco después de que el Ministerio de Defensa cuestionara un pronunciamiento de ex altos mandos militares que criticaron la labor del JNE y lo instaron a cumplir «de manera confiable y transparente su mandato constitucional».
Defensa enfatizó el lunes que este comunicado, que tuvo a Montoya entre sus firmantes, «no representa a las Fuerzas Armadas» y anunció que «tomará las acciones legales que correspondan» por la utilización de los emblemas de las instituciones militares.
El ministerio lamentó el «uso político de las Fuerzas Armadas» porque, según remarcó, «genera alarma, zozobra y división en momentos en los que el país requiere unidad y calma» y estas son «respetuosas del orden constitucional y no son deliberantes».
