Redacción (ALN).- Los abogados de Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, reiteraron su pedido de una medida humanitaria que permita tratar a la activista de una fractura de hombro que le afecta la movilidad de uno de sus brazos.
“Hay expectativas de que le den su medida humanitaria para que pueda ser operada, definitivamente, como le corresponde. Rocío San Miguel tuvo una fractura en el hombro que tiene seis meses y se solidificó, y le ha causado inmovilidad del brazo porque afecta directamente a los tendones”, dijo la abogada Theresly Malavé en compañía del defensor Juan Luis González, este martes, 11 de febrero.
De acuerdo con Malavé, las propias autoridades venezolanas detectaron la fractura de la activista durante un chequeo médico de rutina hace seis meses.
Desde entonces, han desoído los llamados de familiares y defensores para que especialistas atiendan a la activista.
Además, dijo la abogada, Rocío San Miguel debe ser tratada por un especialista en hombro y no por un traumatólogo y luego seguir un estricto posoperatorio, razón por la cual el procedimiento quirúrgico no puede practicarse en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sede El Helicoide.
“El éxito de esa operación es el postoperatorio ¿Y cómo podría cubrirse ese posoperatorio? En familia, en el Sebin no hay las condiciones para que ella pueda llevar su posoperatorio allí, pueda ser operada y se cubra allí, si tiene seis meses con esa fractura y no la pudieron llevar ni siquiera al médico, (…) mucho menos van a poder asistirle en el postoperatorio”, agregó.
Malavé apuntó que este pedido queda ahora en manos de la jueza Alejandra Romero. “Estamos esperando la respuesta a su medida humanitaria”, insistió.
Cargos contra Rocío San Miguel
Pese a tener un año tras las rejas, la defensora de derechos humanos aún no tiene su audiencia de juicio oral y público por su presunta implicación en el caso “brazalete blanco”.
Durante este tiempo, Malavé y González no han sido juramentados como defensores de Rocío San Miguel, a quien se le impuso defensa pública.
Los abogados también dijeron a la prensa que tampoco conocen los cargos contra la presidenta de Control Ciudadano.
“Ella necesita estar defendida y por lo menos saber de qué la están acusando, pero sea lo que sea de lo que la están acusando, nosotros sabemos que Rocío es inocente de cualquier delito que se le impute, aquí no hubo acto terrorista, que es una de las descalificaciones jurídicas que se le imponen”, dijo Malavé, tras aclarar que el defensor público asignado no ha visitado a San Miguel.
A la activista de los derechos humanos la detuvieron el 9 de febrero de 2024, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en La Guaira, junto con su hija, a quien excarcelaron posteriormente.
Organismos internacionales, entre ellos la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, y ONG venezolanas denunciaron su desaparición forzada por más de 50 horas.
Síguenos en nuestro canal de Telegram aquí
