(EFE).- El experto en derecho venezolano Julio César Arias Rodríguez defendió este viernes ante un tribunal británico, donde se desarrolla el litigio por el control, del oro venezolano, la actuación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en las sentencias anulatorias que declararon nulos los nombramientos de Juan Guaidó a su junta «ad hoc» del BCV.
Arias Rodríguez compareció durante la sesión de la mañana para testificar por parte del equipo de Nicolás Maduro y explicar cómo entiende el estatus de esas sentencias, para lo que ratificó su «compromiso de actuar de manera objetiva e imparcial en esta Corte».
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El abogado de la junta de Maduro, Richard Lissack, arrancó la sesión con cuestiones técnicas sobre tres informes periciales escritos por Arias Rodríguez -uno sobre este caso- y otro conjunto con el profesor Allan Brewer Carías.
Lissack planteó a Arias Rodríguez si era «consciente de las alegaciones extremadamente graves respecto a la integridad del Tribunal Supremo de Justicia» y si se había «resistido a la tentación de actuar como abogado de la junta de Maduro», un último punto que Arias rechazó.
En este complejo litigio, los representantes legales de Guaidó sostienen que la anulación de los nombramientos por el TSJ no fue justa pues la oposición no tuvo posibilidad de defenderse, ya que no se convocó a nadie de su equipo que lo representara.
El letrado Andrew Fulton, abogado de la junta «ad hoc» nombrada por Guaidó, preguntó si «encontró apropiado o no seguir adelante en ausencia de cualquier representante de la junta de Guaidó».
Entre sus argumentos, Arias Rodríguez dijo que «los nombramientos fueron anulados por la sala constitucional» y arguyó que aunque «la prensa decía que (Guaidó) era presidente interino, otras fuentes (consultadas por él) no lo reconocían en esa posición».
«El Tribunal Supremo venezolano no lo reconoció por la situación que se presentó con la Asamblea Nacional«, apuntó el experto.
Arias Rodríguez también defendió que el TSJ «tiene el poder para ejercer poder constitucional si está involucrado el orden público constitucional» y sin que nadie haya presentado previamente un recurso o haya iniciado ningún tipo de acción.
«El TSJ puede actuar de oficio cuando se presume violación del orden constitucional», insistió.
En base a los alegatos de las partes, el tribunal debe determinar si la Justicia inglesa ha de aplicar o no esas resoluciones, puesto que el Gobierno de Londres solo reconoce a Guaidó, y no a Maduro, como presidente interino de Venezuela.
Si la jueza llegara a la conclusión de que se tienen que aceptar las sentencias anulatorias del Supremo venezolano, sería la junta de Maduro la que podría gestionar el oro. En cambio, si determina que no son vigentes en Inglaterra, sería la de Guaidó.
Al término de este juicio de cuatro días, que concluirá el próximo lunes, Cockerill dictaminará, en una fecha por determinar, cuál de las dos juntas está legitimada para gestionar las reservas del metal precioso en jurisdicción inglesa, valoradas en unos 1.600 millones de euros.
El Gobierno venezolano reclamó parte de esos lingotes en 2020, pero el banco central inglés rechazó entregarlos hasta que se aclare quien tiene la potestad.
