(EFE).- Argentina conmemora hoy a las víctimas del peor atentado de la historia del país, que causó 85 muertos y 300 heridos cuando una camioneta cargada de explosivos estalló frente a la sede la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) hace ahora treinta años, un crimen que sigue sin resolverse, toda vez que aún no se ha logrado justicia para las víctimas y sus familiares.
Aunque hasta ahora no ha habido una sentencia definitiva, se han producido varias resoluciones judiciales que implican a funcionarios iraníes pero no han desembocado en una condena firme.
El atentado y sus primeras investigaciones
El 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana, una explosión devastadora sacudió el barrio porteño de Once, destruyendo el edificio de la AMIA y dejando un rastro de destrucción y muerte. El ataque es el peor atentado terrorista en la historia de Argentina y de América Latina.
La explosión no solo fue un ataque contra la comunidad judía argentina, sino también un golpe al corazón de la sociedad civil del país.
Las sospechas recayeron en Hezbollah
Las primeras investigaciones se centraron en la identificación de los responsables del atentado. Rápidamente, surgieron sospechas de que el ataque había sido planificado y ejecutado por Hezbollah, con apoyo iraní.
Sin embargo, las pruebas contundentes y las conexiones claras entre los autores materiales e intelectuales del atentado nunca fueron completamente establecidas.
Los obstáculos judiciales y la corrupción
Uno de los mayores obstáculos en la búsqueda de justicia ha sido la corrupción y la ineficacia del sistema judicial argentino. El juez Juan José Galeano, encargado inicialmente del caso, fue destituido en 2005 por manipulación de pruebas y encubrimiento.
Galeano fue acusado de pagar a Carlos Telleldín, un comerciante de autos usados y supuesto proveedor de la camioneta utilizada en el atentado, para que inculpara a policías bonaerenses en el ataque.
Primera resolución judicial
En 2004 tuvo lugar la primera resolución judicial: el Tribunal Oral Federal absolvió a los policías acusados y dictaminó que la investigación de Galeano había sido gravemente defectuosa.
El tribunal también ordenó que se investigara al propio Galeano, así como a otros funcionarios y políticos por su presunta participación en el encubrimiento del atentado.
El memorándum con Irán
En 2013, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Argentina firmó un controvertido memorándum de entendimiento con Irán, que supuestamente tenía como objetivo permitir que funcionarios iraníes sospechosos del ataque fueran interrogados.
Sin embargo, el memorándum fue visto por muchos como un intento de encubrimiento y fue declarado inconstitucional por la justicia argentina en 2015.
La acusación del fiscal Alberto Nisman
En 2006, el fiscal Alberto Nisman presentó un informe acusando a altos funcionarios iraníes de estar involucrados en la planificación y ejecución del atentado, entre ellos el hoy fallecido presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani y otros miembros del Gobierno iraní, como los principales responsables del ataque.
A raíz de esta acusación, se emitieron órdenes de captura internacional a través de Interpol contra varios de estos funcionarios.
La muerte del fiscal Alberto Nisman
El fiscal Alberto Nisman, quien había sido designado para investigar el atentado, murió en circunstancias sospechosas en enero de 2015, un día antes de presentar pruebas que, según él, demostrarían un encubrimiento por parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La muerte de Nisman, inicialmente declarada como suicidio, fue luego investigada como un posible homicidio, pero aún no se han identificado responsables claros.
En 2019, un tribunal argentino dictaminó que la muerte de Nisman fue un homicidio vinculado a su trabajo en el caso AMIA. Esta resolución reforzó la percepción de que fuerzas oscuras han intentado repetidamente silenciar la verdad sobre el atentado.
Acusaciones y juicios posteriores
En diciembre de 2017, la justicia argentina procesó a la expresidenta, así como a varios de sus funcionarios, por el presunto encubrimiento del atentado mediante la firma del memorándum con Irán, pero hasta la fecha, ningún juicio ha logrado condenar a los responsables del ataque o del encubrimiento.
En 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó una resolución en la que encontró al Estado argentino responsable por la violación de derechos humanos en relación con la falta de investigación, verdad y justicia respecto al atentado.
La Corte hacía mención a la falta de debida diligencia en la investigación y la violación del derecho a la verdad, al tiempo que ordenaba al Estado argentino adoptar diversas medidas de reparación a los familiares de las víctimas.
Resoluciones recientes
En enero de 2024, el Tribunal Oral Federal N° 3 de Buenos Aires emitió una resolución que reafirmó la acusación de Alberto Nisman sobre la participación de funcionarios iraníes en el atentado, y aunque no condenó definitivamente a los acusados, reafirmó la línea de investigación que apunta a Irán como responsable del ataque.
La resolución judicial considera probado que el atentado “fue planificado y ejecutado con la participación de altos funcionarios del Gobierno de la República Islámica de Irán y operativos de Hezbollah”.
La lucha continua de los familiares
Los familiares de las víctimas, agrupados en varias organizaciones, han mantenido viva la lucha por la justicia.
Cada aniversario del atentado es una oportunidad para recordar a los fallecidos y renovar la demanda de verdad y justicia. Las organizaciones Memoria Activa y la Asociación 18J son algunas de las voces más persistentes en esta búsqueda.
La falta de cooperación de Irán y la complejidad del caso han sido obstáculos significativos para llevar a cabo un juicio concluyente.
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