Daniel Gómez (ALN).- Este jueves, la jueza Daniella Camacho, de Ecuador, ordenó prisión preventiva para el expresidente Daniel Correa por un presunto caso de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. En julio de 2018 también le dictaron prisión preventiva. En esa ocasión por la supuesta persecución de un opositor político.
En Ecuador la Fiscalía maneja hasta 11 expedientes contra el expresidente Daniel Correa. La nueva investigación habla de tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho y señala a 22 exfuncionarios y empresarios, entre ellos Correa.
Al expresidente le acusan de manejar “una red ilegal” para captar fondos de empresas contratistas del Estado entre 2012 y 2016. Ese dinero Correa lo gastaba en campañas electorales de su partido, Alianza País. A cambio, adjudicaba a las compañías donantes contratos de infraestructura. A dedo. Al respecto cabe recordar lo que en más de una ocasión ha denunciado el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Que en la gestión de Correa quedaron hasta 650 obras sin acabar.
El caso es que a Correa se le acumulan las órdenes de detención. En julio de 2018, la justicia ecuatoriana también dictó una orden preventiva contra él. La acusación fue por un supuesto caso de un secuestro a un político opositor, Fernando Balda, cosa que la Fiscalía entendió como “crimen de Estado”.
En la acusación, la Fiscalía dijo identificar un depósito de 6.000 dólares que habría recibido Correa en su cuenta personal en un banco local. Unos fondos que el expresidente nunca especificó de donde provenían.
Por todo lo anterior es que este jueves, la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, dictó prisión preventiva para Correa y los otros 21 involucrados. De la sentencia también destacan nombres como el exvicepresidente Jorge Glas -está cumpliendo una sentencia de seis años por participar en la red de sobornos de Odebrecth– y los exministros Vinicio Alvarado y Walter Solíz.
Alvarado y Solíz, al igual que Correa, se encuentran fuera del país. En Ecuador los consideran prófugos de la justicia por lo que la magistrada pidió a la Interpol “la emisión de la difusión roja para la inmediata localización y captura”.
Correa, desde Bélgica, donde se refugia, reaccionó a la orden con este tuit y justificó el depósito de 6.000 dólares que presenta la Fiscalía. “Tenía un recurrente sobregiro, y pedí prestado 6.000 dólares del fondo solidario que teníamos en la Presidencia (nuestros mismos aportes) y lo pagué hasta el último centavo (tengo los cheques de 500 dólares mensuales) ¡No sean ridículos!”.
País:
El 16/mayo/2014, para cubrir sobregiro, de NUESTRO fondo voluntario (ver recibo de MIS aportes) recibí préstamo de $6.000, terminado de pagar en agosto/2015. Tengo todos los cheques y recibos
Esta es la prueba madre de “15 millones en sobornos” y “Odebrecht puso presidente” pic.twitter.com/VSfbwz88Gr— Rafael Correa (@MashiRafael) August 8, 2019
Correa niega las acusaciones. Insiste en que el gobierno Lenín Moreno le persigue. Dice que quieren hacer con él lo mismo que han hecho con Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, en prisión por participar en el escándalo Lava Jato.
El caso es que a Correa se le acumulan las órdenes de detención. En julio de 2018, la justicia ecuatoriana también dictó una orden preventiva contra él. La acusación fue por un supuesto caso de un secuestro a un político opositor, Fernando Balda, cosa que la Fiscalía entendió como “crimen de Estado”.
Pese a todo, pese a declararse inocente, Correa no regresará a Ecuador.
