Pedro Benítez (ALN).- A tres años de la salvaje represión con la que Daniel Ortega aplastó la protesta popular en Nicaragua, la oposición de ese país no se mira el ombligo. Ve más allá de sus fronteras. Se ve en el espejo de Venezuela. Ve los resultados de la estrategia abstencionista mediante la cual la oposición venezolana ha intentado enfrentar los abusos del sistema electoral impuestos por su propia dictadura. Los resultados no le gustan. Le lucen estériles. Así que ha decidido enfrentar el mismo desafío corriendo el riesgo de “la participación temeraria” en las elecciones presidenciales previstas para noviembre de este año.
Silvio Prado es un politólogo y sociólogo nicaragüense que hasta 1992 fue militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Desde entonces es parte de ese grupo que se ha venido a llamar la “renovación sandinista”. Un conjunto de exmilitantes del Frente que han advertido, y se han opuesto, al creciente autoritarismo con el que Daniel Ortega se hizo primero del movimiento, deshaciéndose de los críticos internos, y desde allí de toda Nicaragua.
Con el financiamiento de Muamar Gadafi en los años 90, y de Hugo Chávez desde 2006, Ortega traicionó los dos grandes logros históricos del sandinismo: la revolución de 1979 que derrocó la dictadura de la familia Somoza y la transición electoral de 1990 en la que aceptó la derrota electoral de ese año.
Luego de 40 años Nicaragua ha dado un giro de 360 grados. Daniel Ortega es el nuevo Anastasio Somoza.
De modo que a siete meses de unas nuevas elecciones presidenciales, y a tres años del inicio de las protestas populares que el aparato represivo del orteguismo aplastó a sangre y fuego, la oposición nicaragüense se formula la clásica pregunta: ¿Qué hacer?
Prado elabora su respuesta en un reciente artículo que publicó en el portal Confidencial. Destaca que en el cuadro político de Nicaragua hay dos dilemas que saltan a la vista. Por una parte es “democracia contra dictadura (…) o dictadura sí, dictadura no”. No entre un mal gobierno corrupto, más o menos autoritario y una alternativa decente y eficaz. Nada de eso. Nicaragua se enfrenta a una dictadura. Claramente. Sin dudas.
El otro dilema lo resume en una frase: “abstención estéril o participación temeraria”. Él sugiere a sus compatriotas levantar la mirada más allá de sus fronteras y verse en el espejo de Venezuela. Su juicio es rotundo. Esa no es la vía. Veamos los resultados. Nicolás Maduro sigue en el poder ante una oposición venezolana impotente.
Mientras tanto, Daniel Ortega apuesta al abandono, la abstención o la división de sus adversarios, dice Prado. Esa es su estrategia.
Entre abril y junio de 2018 Ortega reeditó en Nicaragua (con la asistencia mediática de Telesur y canal ruso RT) el mismo guión represivo que Nicolás Maduro aplicó en Venezuela en 2017.
Violencia policial, ataques de las bandas paramilitares, caos y terror, el relato oficial criminalizando la protesta cívica. El resultado fueron 127 asesinatos por la represión en dos meses y seis días, en un contexto de 6,5 millones de habitantes.
Un año antes en Venezuela hubo primero exceso de violencia de la Policía y la Guardia Nacional, seguido de ataques de los colectivos armados, caos y terror, y el relato oficial criminalizando la protesta cívica. 129 asesinatos en cuatro meses, en un contexto de 30 millones de habitantes.
Proporcionalmente la represión de Daniel Ortega fue mayor y a escala nacional, porque la protesta fue a escala nacional. El estado de terror que creó fue de tal magnitud que provocó una crisis migratoria hacia Costa Rica.
En los dos casos la posición oficial describió los sucesos como un conflicto entre dos facciones producto de la polarización política y no como la represión del Estado contra manifestantes desarmados. Incluso repitiendo la coartada del supuesto “golpe suave”.
Pero esa cruda y brutal represión contra una movilización ciudadana desarmada no lo sacó del poder. Luego de tres reelecciones presidenciales sucesivas por medio de cuestionables maniobras institucionales, Ortega consideró que ese era el momento crítico para consolidar su continuidad quebrando la voluntad de lucha de la población por medio del cansancio y la represión.
La participación temeraria
Pero las similitudes (que no son casuales) no se quedan allí. Mediante un pacto corrupto con el expresidente Arnoldo Alemán, Daniel Ortega reformó las normas electorales, le puso la mano al Tribunal Supremo y con ese control institucional impidió que el Partido Conservador y el Movimiento de Renovación Sandinista participaran en las elecciones de 2008. Luego abolió el artículo 147 de la Constitución que prohibía la reelección presidencial e intervino al principal partido opositor, el Partido Liberal Independiente desplazando a su líder y, de paso, destituyendo del Legislativo a 16 diputados de su bancada.
Para cerrar el círculo el pasado 21 de diciembre hizo aprobar en la Asamblea Nacional de Nicaragua por aplastante mayoría (70 votos a favor, 14 en contra y cinco abstenciones) la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, que impide a los acusados de promover protestas sociales, o de solicitar sanciones internacionales contra su gobierno, participar en las elecciones generales de noviembre de este año.
Todo opositor considerado “golpista” o “traidor a la patria” queda inhabilitado para optar a cualquier cargo de elección popular. ¿Quién va a determinar eso? Por supuesto que Daniel Ortega. Quiere dejar todo atado, y bien atado.
Y no obstante ese cuadro, la oposición se prepara para aceptar el reto de esas elecciones teniendo todas las instituciones en contra. En una entrevista a ALnavío el dirigente estudiantil Max Jerez lo deja claro: “En Nicaragua hay una dictadura, pero la única manera de que esto cambie es organizarnos y participar en el proceso electoral”. Una generación distinta a la de Silvio Prado, a las de los disidentes sandinistas. Una generación que no vivió la guerra civil. Pero la misma conclusión que comparte si no el resto, al menos sí la mayoría opositora.
El pasado 17 de febrero cuatro aspirantes a la presidencia (Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Félix Maradiaga y Miguel Mora) firmaron un acuerdo para someterse a un proceso de elección democrática, respetar los resultados y apoyar al ganador, con el objetivo de enfrentar unidos a Ortega.
Los riesgos son inmensos. La participación temeraria. Nada está garantizado. No son las mismas circunstancias de 1990, pero no hay muchas opciones de dónde escoger.
Ante una dictadura no se hace lo que se quiere, se hace lo que se puede. La oposición en Nicaragua parece decidida a correr el riesgo de actuar.
