Ysrrael Camero (ALN).- La decisión del Tribunal superior de la Unión Europea, señalando que Oriol Junqueras, líder máximo de ERC, sentenciado a 13 años de presidio en España, gozaba de inmunidad desde el momento de su elección como europarlamentario el 26 de mayo, ha derivado en el bloqueo las negociaciones de esta organización con el PSOE de Pedro Sánchez, y ha abierto las opciones para un posible retorno de Carles Puigdemont a España.
De esta manera, Luxemburgo ha incrementado la presión sobre Madrid, en dos direcciones, por una parte obliga al Tribunal Supremo a decidir la manera en que ejecutará la sentencia, y por otra parte brinda un mensaje colateral a las élites políticas hispanas, el tema catalán debe tener una vía de resolución política, no judicial.
Una preocupante tendencia se ha extendido por el mundo, la judicialización de la política, es decir, la abdicación de los actores políticos de la necesaria deliberación y negociación para llegar a acuerdos, y el traslado de las decisiones a los tribunales de justicia. Esta sentencia vuelve a colocar a la política en el centro, obligando a los políticos a tomar decisiones responsables, que implican costos y oportunidades.
Esta decisión se presenta a las puertas del Congreso de ERC, a realizarse desde este sábado 22 de diciembre, mientras una dicotomía divide a su alta dirigencia, entre quienes pretenden abandonar la vía de la declaración unilateral de independencia, la DUI, facilitando así un acuerdo con el PSOE en Madrid, contra aquellos que la siguen defendiendo, manteniendo la unidad del bloque independentista, pero también consolidando un bloqueo político que no lleva a ninguna parte.
La inmunidad parlamentaria, defendida por el tribunal europeo, también podría proteger a Carles Puigdemont, líder de JxCat, quien fue electo eurodiputado en el mismo proceso. Hasta la publicación de esta decisión no podía acceder a la Eurocámara. Esta prohibición acaba de ser levantada por David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo.
El independentismo catalán le arruina la Navidad a Pedro Sánchez
Una vez que Puigdemont recoja su credencial en Bruselas se abre la posibilidad de que retorne a España. Al coincidir este hecho con la inhabilitación de Quim Torra, por parte de la justicia española, podría desembocar en una candidatura de Puigdemont como cabeza de lista de Junts para unas próximas elecciones autonómicas, siendo una poderosa carta frente al crecimiento de ERC.
Esta dinámica incrementa las dificultades para conformar gobierno en España y nos acerca a unas terceras elecciones. El congelamiento de las negociaciones entre Esquerra Republicana y el PSOE puede dilatarse en el tiempo hasta que se dilucide el nuevo mapa político catalán.
La tensión entre Junts y ERC dentro del bloque independentista, reanimando la disputa entre Junqueras y Puigdemont, los aleja de un acuerdo por Madrid porque ambos necesitarían de la confianza de su propia militancia, tan radicalizada como desconfiada.
Atrapados en su propia dinámica, se muestran poco dispuestos a pagar el costo político de ceder en una negociación con Madrid, que es percibida con ojeriza por los más radicales de su electorado.
Volver a colocar en la primera línea de la política a Junqueras y a Puigdemont puede ser la consecuencia más trascendental de esta sentencia, pero no significa de ninguna manera un espaldarazo de la institucionalidad europea al procés independentista.
Si Sánchez forma gobierno, siempre será un gobierno precario
Muchos Estados miembros de la Unión Europea tienen sus propias disputas internas con movimientos nacionalistas, secesionistas o independentistas, por lo que la defensa de la integridad territorial de sus Estados es una de las líneas rojas que no parecen dispuestos a cruzar.
Lo cierto es que esta decisión apela a cuestiones de principio, la institución de la inmunidad de los cargos electos, especialmente a los parlamentarios, es una de las garantías más antiguas de defensa de las libertades de los gobernados frente a la voluntad de los gobernantes. Esta inmunidad no sólo defiende al parlamentario, sino que protege la libre expresión de la voluntad de los ciudadanos que representa y que le votaron, que constituyen la comunidad política, del uso arbitrario del poder.
