Zenaida Amador (ALN).- En la puja por el poder en Venezuela que se juega en varios tableros en simultáneo, el resguardo de activos clave de la nación ha sido una de las banderas fundamentales de Juan Guaidó con la mirada puesta en una etapa de recuperación post Nicolás Maduro y el tiempo apremia si quiere ganar esta batalla en favor de Venezuela.
Aunque muchos se limitan a observar la estrategia política de Juan Guaidó para acelerar la salida de Nicolás Maduro de la Presidencia, su plan de trabajo incluye otras muchas gestiones. De hecho, buena parte de su agenda busca sentar las bases para la reconstrucción del país mientras hace arduas diligencias para contener daños patrimoniales irreversibles para la nación que el chavismo está dispuesto a dejar que se generen con tal de resistir su salida del poder.
Esto se debe a que al chavismo le resulta ganancioso cada día que logra sostenerse sin importar el precio, porque políticamente ya no tiene nada que perder. A la oposición, por el contrario, le toca batallar contra el desgaste y el efecto del deterioro social y de la destrucción económica y patrimonial del país que se potencian con el paso de los días. Esto lo hace desde una posición compleja, porque si bien Juan Guaidó cuenta con el reconocimiento de buena parte de la comunidad internacional y por ello ha podido salvaguardar algunos activos de Venezuela en el exterior, todavía no posee el control territorial y en consecuencia no ha logrado asumir plenamente las funciones ejecutivas de la nación.
Guaidó aseguró que una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos sería lo ideal para resguardar Citgo, pero eso “lo debe decidir soberanamente Estados Unidos. Nosotros buscamos transitar esa vía por la fragilidad institucional de Venezuela”. Admitió que el logro de la orden ejecutiva para proteger los activos “no ha sido inmediato ni tan sencillo”.
Preservar al país de la destrucción es altamente complicado en este contexto. La industria petrolera se desmorona, el sector productivo desaparece, la infraestructura está a punto de colapsar y la población sucumbe. Con el paso de las semanas la profundidad del daño es mayor, los costos de la reconstrucción aumentan y la posibilidad de preservar el patrimonio de la nación se desvanece.
Aun así, hace un par de semanas hizo el pago de 71,5 millones de dólares correspondiente a los intereses del bono PDVSA 2020, con el fin de proteger Citgo, que es el principal activo de Venezuela en Estados Unidos, ya que 50,1% de sus acciones sirven de garantía a esos papeles.
“El pago de los intereses del bono 2020 es pieza importante en la estrategia de salvaguardar los activos de Citgo. De no haberse realizado este pago, se hubiese disparado una cadena de eventos que podrían redundar en la pérdida total de los activos de Citgo, creando no sólo precedentes inconvenientes para el manejo ordenado de la deuda venezolana, sino también la pérdida de una pieza crucial para la recuperación de Venezuela y su industria petrolera”, señaló la junta administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela (PDVSA) designada por Guaidó al lograr efectuar el pago dentro del período de gracia previsto contractualmente.
Esta decisión despertó señalamientos y críticas en las propias fuerzas políticas que adversan al chavismo. Algunos dijeron que se debía desconocer el compromiso de deuda porque el gobierno de Maduro es ilegítimo y otros señalaban que el bono 2020 no fue aprobado por la Asamblea Nacional, razón por la cual debía ser desconocido, pero para Guaidó el pago era determinante con el fin de garantizar el resguardo de Citgo, valorada en alrededor de 8.000 millones de dólares, y finalmente el Parlamento aprobó la operación.
El abogado José Ignacio Hernández, designado por Guaidó como procurador especial de la República, explicó que se evitó que los acreedores pudieran tomar control sobre Citgo Holding. Esto lo habrían podido hacer de manera inmediata y sin tener que acudir a un juez, por lo que “en apenas días” habrían puesto en venta 50,1% de las acciones de Citgo Holding, “lo que implicaría la pérdida de control del Estado sobre Citgo”.
De hecho, el pago fue posible gracias al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que otorgó la licencia para la movilización de fondos y demás gestiones financieras involucradas en el proceso.
Aun así, muchos de los críticos de Guaidó le recriminaron por no haber logrado de parte del Gobierno de Estados Unidos una orden ejecutiva que le dé protección de los acreedores a los activos de Venezuela en su territorio, lo que habría evitado la erogación de unos recursos que son vitales para un país que enfrenta una crisis humanitaria compleja. Si bien la Administración de Donald Trump ha sido frontal aliada de Guaidó, por lo que ha dictado sanciones particulares y económicas contra el régimen de Maduro, lo cierto es que esta orden ejecutiva sigue pendiente.
Guaidó está muy preocupado: Venezuela al borde de una catástrofe
Contrarreloj
Carlos Vecchio, representante de Venezuela en Washington designado por Guaidó, habría sido el encargado de hacer la solicitud a la Administración Trump -en marzo pasado- de una medida similar a la Orden Ejecutiva 13.303, que se implementó en Irak en 2003.
Guaidó aseguró que una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos sería lo ideal para resguardar Citgo, pero eso “lo debe decidir soberanamente Estados Unidos. Nosotros buscamos transitar esa vía por la fragilidad institucional de Venezuela”. Admitió que el logro de la orden ejecutiva para proteger los activos “no ha sido inmediato ni tan sencillo”.
Guaidó ha intentado intervenir en el juicio que adelanta la canadiense Crystallex por una deuda arbitral de 1.400 millones de dólares por la que aspira al control de Citgo, con el fin de frenar la pérdida de la filial petrolera venezolana en Estados Unidos. En paralelo Guaidó busca anular el pago de otro laudo a favor de ConocoPhillips, por más de 8.000 millones de dólares.
La Administración Trump se ha tomado su tiempo sin involucrarse demasiado en la agenda económica de la oposición, porque las incautaciones de activos por parte de los acreedores son un riesgo potencial elevado, según un reporte de la agencia Bloomberg a propósito del pago de 71,5 millones de dólares. El reporte finalmente consideraba como “poco probable” que Estados Unidos conceda la orden ejecutiva de protección.
José Ignacio Hernández, por su parte, aseguró que de manera formal se le planteó a Washington “que necesitábamos su ayuda para proteger los activos”, pero la orden ejecutiva “es una decisión absolutamente excepcional por parte del gobierno de Estados Unidos (…) Hay varios factores que hemos tratado de coordinar para lograr esa protección de activos y no tengo la menor duda de que en el momento adecuado el gobierno de Estados Unidos nos va a brindar la ayuda indispensable para proteger esos activos”.
Pareciera que sólo restan cuatro meses para que “el momento adecuado” ocurra, porque a finales de octubre deben efectuarse los pagos programados por 841,8 millones de dólares en amortización y 71,5 millones de dólares en intereses del bono PDVSA 2020, una cuesta muy alta para el gobierno interino.
Dentro de ese lapso también culmina el plazo de 120 días dado por un tribunal de Estados Unidos al juicio entre el fondo de cobertura Red Tree Investments y PDVSA por el atraso de la estatal venezolana en pagos de deuda tras la mediación de los representantes legales de Guaidó.
Otros procesos también pesan con fuerza en esta gestión, por ello Guaidó ha intentado intervenir en el juicio que adelanta la canadiense Crystallex por una deuda arbitral de 1.400 millones de dólares por la que aspira al control de Citgo, con el fin de frenar la pérdida de la filial petrolera venezolana en Estados Unidos. En paralelo Guaidó busca anular el pago de otro laudo a favor de ConocoPhillips, por más de 8.000 millones de dólares, que también incluye la toma de activos de la nación como compensación.
Cecely Hugh, asesora de deuda en mercados emergentes en Aberdeen Standard Investments, le dijo a Bloomberg que muy probablemente la Administración de Trump no tomaría en serio una orden de protección de activos “hasta que Nicolás Maduro deje el poder”.
Lo cierto es que desde el 10 de enero, cuando impuso un segundo mandato presidencial ilegítimo, Maduro ha resistido sin importar el desconocimiento global, los expedientes que se suman en su contra y el de sus altos funcionarios, ni el cerco económico y financiero impuesto contra su régimen. Apelando a la represión y la fuerza ha podido remontar las fracturas internas en sus filas, los pronunciamientos en su contra de parte de miembros de la Fuerza Armada y el rechazo popular, y es difícil estimar cuánto más seguirá resistiendo su salida del poder.
“Llegado octubre, bajo las condiciones de Maduro, sería difícil poder pagar” el bono PDVSA 2020, dijo Guaidó a mediados de mayo a la agencia Reuters. “Llegado octubre esperamos poder proteger los activos”.
(Publicada originalmente el 5 de junio de 2019)
