(EFE).- El futuro jurídico de Jair Bolsonaro se complica. Los antiguos comandantes del Ejército y la Aeronáutica acusaron al expresidente brasileño de intentar un golpe de Estado y confesaron que buscó convencerlos para que se embarcaran en su aventura autoritaria, según divulgó este viernes la Corte Suprema.
Marco Antonio Freire Gomes y Carlos Baptista Júnior, exjefes del Ejército y la Fuerza Aérea, colocaron al líder ultraderechista en el centro de la investigación sobre la trama que pretendía anular las elecciones de 2022, que ganó Luiz Inácio Lula da Silva.
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Así se desprende de los testimonios que ambos dieron a la Policía en las últimas semanas y que el magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso en el Supremo, hizo públicos tras las numerosas filtraciones de las mismas en la prensa.
Freire Gomes declaró que Bolsonaro convocó a la cúpula militar varias veces antes de dejar el poder, para presentarles diversos instrumentos jurídicos con el objetivo último de impedir la investidura de Lula, que tuvo lugar el 1 de enero de 2023.
Siete días después, miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes en un intento de llevar a los militares a derrocar al Gobierno. Por ese episodio ya han sido condenadas a prisión 131 personas.
Exjefe del Ejército amenazó con detener a Bolsonaro
Gomes y Baptista Júnior se posicionaron «de forma contundente» contra los planes de Bolsonaro, e incluso el primero amenazó con detener al entonces jefe de Estado en caso de que siguiera adelante con su idea de «atentar contra el régimen democrático», según declararon.
Bolsonaro solo encontró el apoyo del entonces comandante de la Marina, Almir Garnier, quien se puso «a disposición del presidente de la República», de acuerdo con Gomes.
Baptista Júnior afirmó que participó «en más de cinco o seis» reuniones tras las elecciones de octubre de 2022, que tuvieron lugar en el Palacio de Alvorada, residencia oficial de la Presidencia en Brasilia.
En esas reuniones, el exmandatario, con la colaboración de sus asesores más próximos y de su ministro de Defensa, el general Paulo Sérgio Nogueira, intentó seducir a la cúpula militar para que se sumara a su cruzada golpista.
«Grave perturbación del orden» público
Para ello, les planteó activar diversos dispositivos constitucionales, como una intervención militar bajo el pretexto de una supuesta «grave perturbación del orden» público, o un decreto del Estado de sitio para investigar la legalidad del proceso electoral de 2022.
Este último escenario contemplaba el cierre de facto del Tribunal Superior Electoral, responsable por los comicios en Brasil y objeto de frecuentes ataques de Bolsonaro, que lo considera un órgano al servicio de Lula.
La corte electoral ya inhabilitó por ocho años al expresidente, el 30 de junio de 2023, por lanzar bulos y encabezar una campaña de descrédito contra las instituciones democráticas.
Esos planes golpistas quedaron reflejados por escrito en diferentes borradores de decretos presidenciales que las autoridades han encontrado en el transcurso de las diligencias.
Uno de ellos fue encontrado en la casa del exministro de Justicia Anderson Torres y otro en el gabinete que tiene Bolsonaro en la sede del Partido Liberal (PL), su formación política, en Brasilia.
Gomes confesó que, en una de esas reuniones, Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército, dijo que uno de esos borradores estaba «en estudio» y que les iría informando sobre la «evolución» del plan.
¿En qué situación se encuentra Bolsonaro?
Bolsonaro, quien siempre ha negado cualquier participación en alguna intentona golpista, consta apenas como investigado en la causa.
Sin embargo, el Supremo ya le impuso medidas cautelares. El pasado 8 de febrero, le confiscó el pasaporte, le impidió abandonar el país y le prohibió entrar en contacto con otros investigados.
Si la Policía viera indicios de delito, presentaría cargos contra el exgobernante ante la Fiscalía, que entonces decidiría si formula una denuncia formal ante el alto tribunal.
El Supremo analizaría después si abre juicio penal contra del exjefe de Estado (2019-2022), que podría enfrentarse a una pena de hasta 17 años de prisión.
El capitán retirado del Ejército, hiperactivo en redes sociales, no se ha pronunciado sobre este último episodio que llena de nubarrones su futuro.
Ajeno al escándalo, este viernes estuvo en Saquarema y Maricá, en el estado de Río de Janeiro, su cuna política, donde fue recibido por decenas de sus fieles, según publicó en X.
Este sábado está previsto que participe en el lanzamiento de la candidatura para alcalde de Río del diputado Alexandre Ramagem, investigado en el Supremo por espionaje ilegal durante el Gobierno de Bolsonaro.
