Redacción (ALN).- En los últimos dos años, la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU no ha parado de recibir denuncias provenientes de América Latina. “El hecho de que hayamos recibido quejas de instituciones de casi una docena de países de la región es testimonio de la tendencia y la magnitud del problema”, afirmó la alta comisionada, Michelle Bachelet.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se dice alarmada. Preocupada “por el creciente número de amenazas, ataques e intentos de socavar y deslegitimar las instituciones nacionales de derechos humanos independientes en América Latina y el Caribe, por parte de gobiernos y otras personas en posiciones de poder”.
Bachelet se refiere a incidentes de “amenazas y acoso” contra las instituciones y su personal en Bolivia, Chile y El Salvador.
A los ataques contra la sede y el personal de las instituciones humanitarias de Haití.
A los intentos de destitución del director de su organización en Guatemala y en México. Ambos intentos promovidos desde el Estado.
A que, tras más de una década, Argentina no haya nombrado al defensor del Pueblo.
Bachelet también está preocupada por los recortes presupuestarios en Perú a su oficina, por las declaraciones públicas que desacreditan la labor de la institución en Ecuador y Uruguay, así como por el levantamiento de la inmunidad del personal de las Defensorías del Pueblo, Procuradurías para la Defensa de los Derechos Humanos y Oficinas del Ombudsperson en esos países.
“Permítanme ser muy clara: estas instituciones, que trabajan estrechamente con mi Oficina y con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, no deben enfrentarse a ninguna forma de abuso o interferencia, y especialmente, presión política. Insto a los gobiernos de toda la región a que cumplan con sus responsabilidades y respeten y protejan la independencia de las instituciones nacionales de derechos humanos”, apuntó Bachelet.
Una tendencia que inquieta a la ONU
Desde la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU también han advertido una tendencia preocupante. Que existe un número creciente de denuncias contra las instituciones de América Latina.
Instituciones “que han sido acosadas y amenazadas por gobiernos, parlamentarios, funcionarios, grupos de autodefensa y otros, simplemente por hacer su labor y cumplir con su mandato”, dijo Bachelet.
“El hecho de que hayamos recibido quejas de instituciones de casi una docena de países de la región es testimonio de la tendencia y la magnitud del problema”, agregó.
Para la alta comisionada de la ONU, la labor de las instituciones nacionales de derechos humanos independientes “es crucial para cualquier sociedad”.
El problema, explicó, es que “sólo pueden cumplir su mandato de proteger y promover los derechos humanos si son capaces de operar sin interferencias indebidas de gobiernos y otros, y son capaces de mantener su independencia”.
“De lo contrario, perderán su credibilidad y legitimidad a los ojos de las personas a las que deben servir”, agregó.
El papel de las instituciones en América Latina
Bachelet explicó que las instituciones de derechos humanos pueden ser incómodas para los gobiernos. Lo son porque básicamente ponen de manifiesto las lagunas en la protección de los derechos humanos de los gobernantes.
“Sin embargo, los gobiernos pueden beneficiarse de sus evaluaciones independientes para ayudar a resolver los problemas de derechos humanos, un papel que cualquier sociedad democrática debería ensalzar”, dijo.
La alta comisionada recordó que en el contexto actual, con la pandemia, las instituciones desempeñan un rol aún más esencial, ya que tienen “el deber adicional de garantizar un enfoque basado en los derechos humanos en la respuesta al covid-19”.
