Zenaida Amador.- Juan Guaidó ha ido abonando el terreno para conectar el malestar social con la protesta política e ir desmoronando las bases sobre las que Maduro sostiene operativamente su régimen en las distintas instituciones públicas, incluyendo la castrense, intentando así que se produzca la salida de Maduro por una vía menos costosa y dolorosa, lo que permitiría avanzar más rápidamente hacia la gobernabilidad del país y hacia una elección libre que abra paso a la restauración del hilo constitucional en Venezuela. La apuesta de Guaidó es al quiebre interno del régimen.
Este sábado se cumplen dos meses desde que Juan Guaidó juró asumir formalmente “las competencias del Ejecutivo Nacional como el Presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres”. Aunque a lo largo de este período han ocurrido muchas cosas tanto a escala local como internacional en favor de ese objetivo, Nicolás Maduro sigue aferrado al poder y radicalizándose más cada día.
Nicolás Maduro, cuya presidencia es desconocida por buen parte de la comunidad internacional y que enfrenta un fuerte rechazo por parte de los venezolanos, intenta mostrar normalidad operativa. Incluso simula que gobierna, aunque en verdad lo único que hace a diario es resistir su salida del poder. En línea con esta decisión la violencia y el amedrentamiento han sido una constante de su gestión desde enero.
Este sábado se cumplen dos meses desde que Juan Guaidó juró asumir formalmente “las competencias del Ejecutivo Nacional como el Presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres”. Aunque a lo largo de este período han ocurrido muchas cosas tanto a escala local como internacional en favor de ese objetivo, Nicolás Maduro sigue aferrado al poder y radicalizándose más cada día
A través de la red de medios públicos dirigentes como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, hacen señalamientos intimidatorios directos hacia líderes de diversos sectores, comenzando por el propio Juan Guaidó, que luego se traducen en persecuciones y detenciones.
Sólo esta semana fue detenido de forma violenta Roberto Marrero, diputado de la Asamblea Nacional y jefe de Despacho de Guaidó, a quien se le señala de presunta promoción del terrorismo e intento de magnicidio. Pero no es el único. La arremetida alcanza a periodistas, médicos, sindicalistas y a cualquier voz crítica que exponga los desmanes del régimen.
Las oleadas de detenciones por razones políticas han llegado a picos de 1.000 personas en una sola semana, según datos del Foro Penal Venezolano. Aunque muchos de los casos terminan en liberaciones, son reiterados los detenidos que sufren tratos cueles y vejaciones. En todo caso, hasta el 14 de marzo se contabilizaban 911 presos políticos en el país.
En la sede de la OEA se conocieron esta semana evidencias de las torturas que aplica el régimen a los presos políticos, que incluyen agresiones psicológicas y físicas sádicas, brutales golpizas, descargas eléctricas, asfixias y violaciones sexuales, según detalló Luis Almagro, secretario general de la organización.
En el país se han reportado 178 incidentes de violaciones a la libertad de expresión en los primeros 76 días del año, según el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). Sólo en los primeros 18 días de marzo iban 50 casos. Vale destacar que en todo el primer trimestre de 2018 se acumularon 53 incidentes.
Los ataques incluyen actos intimidatorios, detenciones y hasta agresiones físicas, como en el caso del periodista polaco Tomasz Surdel, corresponsal en Caracas de Gazeta Wyborcza, a quien efectivos policiales interceptaron en la vía pública, golpearon y amenazaron con un arma que le pusieron en el rostro.
La intimidación ha sido permanente en las barriadas populares, donde grupos de exterminio conformados por comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y colectivos paramilitares intentan silenciar cualquier brote de protesta contra Maduro, según ha documentado el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
El informe de actualización sobre la situación de Venezuela presentado por Michelle Bachelet, alta comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, señala que por esta vía unas 37 personas fueron presuntamente asesinadas en enero de 2019 en Caracas. “Al parecer, algunos de estos asesinatos se han producido según un patrón similar: ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las FAES, y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada, aunque los testigos declaran que las víctimas no portaban armamento alguno”.
Y todo esto ha ocurrido aun cuando Venezuela ha estado en el radar internacional.
La mirada del mundo
Desde inicios del año Venezuela ha sido punto obligado en la agenda diplomática de Estados Unidos, de Rusia, de China y de la Unión Europea, entre muchos otros países, y ha concentrado la atención de la ONU y de la OEA, pues sus implicaciones tienen un alcance global.
El resultado concreto han sido sanciones económicas y petroleras sobre el régimen de Maduro, así como sanciones particulares sobre sus funcionarios y allegados, incluso sobre su cuerpo diplomático, y acciones a favor de Guaidó que le han permitido aumentar su control sobre activos externos de la nación que antes manejaba Maduro.
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Por ello Maduro ha movido fichas con sus grandes aliados en Moscú, Pekín, La Habana y Estambul, buscando vías para evadir el cerco internacional y levantar algunos recursos con los cuales oxigenarse, pero esto resulta cuesta arriba no sólo por las acciones desplegadas en su contra desde Washington sino por el nivel de deterioro al que condujo las finanzas del país en los últimos años.
Guaidó cuenta con más de 50 países que lo reconocen como presidente interino y es ese respaldo el que ha impedido que el régimen de Maduro haya neutralizado su liderazgo. Con este músculo Guaidó viene armando desde el exterior hacia dentro de Venezuela una agenda de reconstrucción nacional, que incluye respaldo financiero y que ha logrado despertar el interés de potenciales inversionistas, lo que le brinda un piso para responder a las múltiples necesidades del país en una eventual transición política.
El desprestigio y el rechazo
Muchos de los hechos registrados en este primer tramo del año también han evidenciado que la actual crisis que vive Venezuela ha sido consecuencia de las decisiones adoptadas por el chavismo -a lo largo de sus 20 años de gobierno- en función de la estrategia de conservar el poder por encima de cualquier otro interés nacional, lo que acentúa el rechazo a la gestión de Maduro y el desprestigio de todo el liderazgo del chavismo que sigue a su lado.
Sólo esta semana fue detenido de forma violenta Roberto Marrero, diputado de la Asamblea Nacional y jefe de Despacho de Guaidó, a quien se le señala de presunta promoción del terrorismo e intento de magnicidio. Pero no es el único. La arremetida alcanza a periodistas, médicos, sindicalistas y a cualquier voz crítica que exponga los desmanes del régimen
El megapagón nacional que se inició el 7 de marzo, y que se prolongó por más de 100 horas, desnudó décadas de desinversión y actos de corrupción por más de 30.000 millones de dólares.
La industria petrolera que fue usada para financiar el modelo político, hoy opera con un bombeo precario de menos de un millón de barriles por día, provee ingresos mínimos a la nación y ya prácticamente no puede garantizar el suministro interno de gasolina y gas que la población requiere.
El general Carlos Rotondaro, quien ocupó varios cargos públicos desde el gobierno de Hugo Chávez y presidió el sistema público de seguridad social del país con Maduro, reveló desde Colombia que, aunque había recursos para adquirir medicamentos, el suministro fallaba por indolencia y por razones políticas, algo grave en un país que atravesaba una crisis humanitaria. “Nos decían que era preferible que muriera un paciente en el interior (del país), porque había que guardar medicamentos para épocas electorales”.
Por su parte las evidencias de exterminio y de torturas a manos de efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado, sobre civiles e incluso sobre militares disidentes, tienen un alto costo para la reputación de estas instituciones, comenzando por la Fuerza Armada Nacional.
Muchas de las acciones de altos funcionarios que han ejercido el poder en Venezuela en los últimos años entran en la categoría de crímenes de lesa humanidad, por lo que entre los venezolanos crece la expectativa de que los responsables deberán pagar pronto por sus actos.
Lo que viene
Aunque el tema de una eventual intervención extranjera en Venezuela sube y baja de volumen en los discursos de los diversos líderes mundiales, todo indica que en lo inmediato la comunidad internacional apostará por una radicalización de las sanciones, aun con el impacto indirecto que estas puedan tener en la población.
“Hemos impuesto sanciones justo en el medio, pero podemos ser mucho más duros si necesitamos hacerlo (…) No hemos aplicado las sanciones más duras”, dijo la semana pasada el mandatario estadounidense, Donald Trump.
Guaidó ha ido abonando el terreno para conectar el malestar social con la protesta política e ir desmoronando las bases sobre las que Maduro sostiene operativamente su régimen en las distintas instituciones públicas, incluyendo la castrense, intentando así que se produzca la salida de Maduro por una vía menos costosa y dolorosa, lo que permitiría avanzar más rápidamente hacia la gobernabilidad del país y hacia una elección libre que abra paso a la restauración del hilo constitucional en Venezuela. Su apuesta es al quiebre interno del régimen.
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Pero Maduro juega a la permanencia en el poder tratando de ganar tiempo para recomponerse y amurallarse. Sin embargo, en este juego de pulso es poco el margen de resistencia de los venezolanos, ya que los días de esa permanencia que Maduro suma son días que se le descuentan al país en términos de calidad de vida.
Elliot Abrams, comisionado especial de EEUU para Venezuela, dijo recientemente en entrevista con el diario El País de España que la política de Maduro es “‘Me quedo aquí, soy El Asad, me quedo y todos se cansarán, la oposición se dividirá, los americanos se aburrirán y se centrarán en otras prioridades…’ Creo que es de los pocos que quedan en el régimen que piensan que esa política funcionará”.
