Pedro Benítez (ALN).- La economía de Venezuela puede terminar este año siendo la mitad de lo que era en 1999. Un proceso de destrucción, sin precedentes en el continente americano, de un país que no ha pasado por una guerra. Esta devastación supera la crisis peruana de fines de los 80 e iguala la de Nicaragua en la misma década, sólo que este último país padeció un guerra civil. Una serie de medidas económicas y petroleras tomadas por el expresidente Hugo Chávez, y mantenidas en el tiempo por su heredero y sucesor, resumen todo lo que la ciencia económica indica que no se debe hacer, pero se ha hecho con consecuencias humanas devastadoras.
El proceso de destrucción de la economía de Venezuela ha sido tan sistemático por parte de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que varios observadores dentro del país han sospechado que tiene que haber sido deliberado. Según esta hipótesis, el propósito es dominar a la población mediante el hambre. Aunque es discutible, no puede negarse que esta tesis tenga cierta lógica si tomamos en cuenta una serie de medidas y acciones que el expresidente Chávez tomó y que Maduro ha sostenido contra viento y marea pese a los evidentes resultados.
De esas destacan cuatro en el área económica y las tres petroleras que destruyeron a Venezuela:
1.- Control de cambio, febrero 2003
Cuando Chávez se posesionó como presidente de Venezuela en febrero de 1999, la economía no estaba entre sus prioridades. De hecho fue muy moderado en ese terreno, ratificando como ministra de Hacienda (así se denominaba esa cartera) a Maritza Izaguirre, la última del expresidente Rafael Caldera, su predecesor. Por entonces la prioridad del nuevo mandatario era la política; emprender el proceso constituyente mediante el cual (además de aprobar un nuevo texto constitucional y cambiarle el nombre al país) sus partidarios tomaron el control de las instituciones del Estado.
No fue sino hasta febrero de 2003, luego de sobrevivir en el poder tras ser derrocado el año anterior, cuando tomó su primera decisión económica clave: un control de cambios. Usó como excusa para justificarlo los dos meses previos del paro petrolero. Desde entonces esa ha sido una medida invariable y corazón mismo de la estrategia económica chavista.
Ese fue un momento crucial en su proyecto de poder. Posteriormente, en los días de las vacas gordas de los precios del petróleo (2006, 2007), pudo levantarlo y volver a la libre convertibilidad que heredó de la Administración anterior. Pero no. El control de cambio había llegado para quedarse para siempre, como él.
En realidad, la historia reciente de Venezuela con este tipo de restricciones económicas comenzó con la devaluación del 18 de febrero de 1983, que puso fin a 22 años seguidos de estabilidad y libre cambio del bolívar. Desde entonces Venezuela ha tenido 23 años de control de cambio: 1983-1989, 1994-1996 y 2003-2018 (el período más extendido), versus 12 años de tipo de cambio libre: 1989-1994 y 1996-2003.
Adivine el amable lector en cuáles períodos se devaluó más el bolívar y hubo mayor fuga de capitales.
Pero a diferencia de los otros, el sistema cambiario impuesto en la Era Chávez fue una decisión política, no económica, como años después reconocerían jerarcas del régimen como Aristóbulo Istúriz, Adán Chávez y Diosdado Cabello.
Con este sistema cambiario se buscaba controlar al sector privado, los medios de comunicación, las importaciones, el movimiento de capitales, las inversiones, el ahorro, y a la clase media venezolana. Controlar a la sociedad amarrándola al reparto de la renta petrolera.
Como lo han demostrado los hechos, ese modelo ha condenado al país a un empobrecimiento irremisible. Sobrevaluó artificialmente la moneda por años desestimulando la producción nacional, el ahorro y la inversión; y de paso ha sido foco permanente de corrupción. Romper con la dependencia del rentismo petrolero (la eterna promesa oficialista) es incompatible con el control de cambio, ya que este es el asesino directo de cualquier incentivo económico productivo. Mientras exista la posibilidad de acceder a dólares baratos para importar (o aparentar que se importa), no tiene sentido producir en un país donde hay tantos obstáculos a la producción. A su sombra han crecido oscuros pero aparentemente poderosos intereses conectados con el Alto Gobierno.
Pero hay un daño adicionalmente catastrófico: el control de cambios ha obligado a Petróleos de Venezuela, PDVSA (casi única fuente de ingresos en divisas del país) a operar a pérdidas, que con el paso de los años se hicieron cada vez mayores al ampliarse la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. ¿Cómo cubre los gastos en bolívares? Con inyecciones masivas por parte del Banco Central de Venezuela (BCV).
2.- El ‘millardito’, la reforma del BCV y el Fonden
En julio de 2005 se creó el Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden), en teoría manejado por los ministerios del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Banca Pública, el de Planificación, y el vicepresidente ejecutivo. En la práctica, controlado directamente por el expresidente Chávez, según admitió más de una vez públicamente.
El Fonden manejó más de 100.000 millones de dólares provenientes de las exportaciones petroleras que se usaron en distintos proyectos dentro y fuera del país como la compra de deuda soberana de Argentina, Nicaragua, Ecuador y Bolivia; se invirtieron en instrumentos de Lehman Brothers antes de su quiebra en 2008 y en acciones en una empresa de armamentos en Rusia; financiaron proyectos en Cuba; y la construcción de viviendas inconclusas por parte Bielorrusia en Venezuela, así como la adquisición de plantas eléctricas y dos satélites a China.
Todo esto sin control o fiscalización alguna por parte del BCV. De hecho, su creación se inspiró precisamente en una demanda que el finado expresidente le hizo al instituto emisor.
A comienzos de 2004, desde su programa televisivo Aló Presidente, Chávez le exigió al BCV la entrega de 1.000 millones de dólares de las reservas internacionales para financiar diversos proyectos. Aunque esos recursos ya habían entrado al fisco nacional en bolívares siendo respaldados por dólares de las reservas, el ministro de Finanzas de la época, Tobías Nobrega, prefirió proponer una modificación de la ley del BCV que explicarle al presidente cómo se respalda una moneda nacional.
Con esa reforma, aprobada en 2005, se modificó el tradicional procedimiento mediante el cual los dólares provenientes de PDVSA se convertían en bolívares antes de entrar al fisco nacional por concepto de impuestos y dividendos de la estatal. Desde ese momento los ingresos “excedentarios” de la renta petrolera pasarían directamente a manos del presidente y el BCV sería una institución inútil.
Eufórico el mandatario llegó a decir: “Hemos ganado una nueva batalla. Yo comencé pidiendo un millardito. Ahora son seis millarditos”.
Así fue cómo, con la asesoría de Tobías Nobrega, un economista profesional que sí sabía lo que estaba haciendo, se empezó a pavimentar la autopista que ha llevado a Venezuela a la mayor hiperinflación que ha conocido el continente (Leer más: La hiperinflación hace estragos en la Venezuela de Nicolás Maduro).
3.- Nacionalizaciones y expropiaciones
La siguiente vuelta de tuerca vino en 2007. A raíz de la amplia victoria electoral del año anterior Chávez anunció, ahora sí claramente, que su proyecto iba rumbo al socialismo. En pos de ese propósito comenzó la mayor ola nacionalizaciones y expropiaciones de empresas y tierras en manos privadas que haya tenido Venezuela nunca.
Estas se dividieron en dos grupos. Aquellas empresas propiedad de capitales extranjeros con las que se llegó a un acuerdo de pago por parte del Estado como el Banco de Venezuela (filial del español Santander), Cantv (telecomunicaciones), La Electricidad de Caracas, empresas cementeras, Sidor (siderúrgica), la mina de oro “Las Cristinas” y las plantas procesadoras de arroz de la empresa estadounidense Cargill, entre otras.
Y las que eran propiedad de venezolanos, a las que nunca se les pagó, como por ejemplo Sidetur, Agroisleña o el Sambil (un megacentro comercial en Caracas), así como miles de hectáreas de tierras de productores agrícolas, lo que en la práctica constituyeron confiscaciones. Este fue, por cierto, el punto de inflexión de la debacle del sector agroindustrial venezolano y de la severa carestía de alimentos que la población sufre desde hace años.
Como vemos, hubo un trato para el capital transnacional y otro muy distinto para el nacional. La motivación era la misma que con el control de cambios: política. Debilitar la capacidad de resistencia de los empresarios privados al proyecto de poder oficial. Algo fríamente calculado que por supuesto tuvo efectos económicos muy negativos al destruir las expectativas de inversión privada nacional.
4.- Ley orgánica de precios y ganancias justas
Esta fue la siguiente parada, promulgada en octubre de 2011. Supuestamente iba a garantizar unos precios justos y estables para el consumidor. Ha sufrido al menos tres modificaciones desde entonces. Se creó la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (Sundde) para velar por el cumplimiento, con tres superintendentes.
Decir que en este caso el remedio ha sido peor que la enfermedad es ser piadoso. El sistema de precios en el país ha desaparecido y esa ley lo único que ha promovido ha sido el desabastecimiento y la ruina de los pequeños y medianos comercios. Curiosamente desde que esa ley entró en vigencia la inflación en Venezuela se disparó, pasando de dos dígitos al año, a tres y luego esos mismos dígitos pero al mes.
Se ha convertido en un mecanismo para penalizar el trabajo y la producción, mientras sirve como espectáculo para señalar a los “verdaderos autores de la guerra económica”, por lo general modestos y esforzados comerciantes de origen portugués.
Pero ha sido nefasta no tanto por su inaplicabilidad, sino por reforzar entre los funcionarios y activistas chavistas la convicción de que la economía se puede gobernar. Esta última una de las obsesiones de Maduro.
La destrucción de la industria petrolera
1.- Despido de 20.000 empleados de PDVSA
Hasta 2002 PDVSA fue la empresa petrolera estatal mejor manejada del mundo, al nivel de la noruega Statoil, y por encima claramente de Petrobras y Pemex.
La razón de esto fue un acuerdo al que llegó la clase política venezolana al momento de la nacionalización del petróleo: la industria petrolera ahora en manos del Estado no se manejaría como las demás empresas públicas. Se le daría autonomía operativa y se respetaría la profesionalización interna. Así se aseguraba protegerla de la corrupción que solía invadir a las empresas estatales e incentivar la permanencia en el país de todo el capital humano formado por las transnacionales petroleras.
Ese acuerdo duró hasta que Hugo Chávez llegó al poder y empezó el asalto a la estatal. El conflicto que siguió culminó con una huelga de dos meses y el despido de 20.000 empleados.
Todos los observadores externos coinciden en afirmar que a partir de ese momento el rendimiento de PDVSA se vio gravemente afectado, bajando su producción y aumentando notablemente el número de accidentes laborales en los siguientes años.
Muchos de los despedidos, probablemente la mayoría, emigraron contribuyendo a la expansión de la producción petrolera de Colombia, Canadá e incluso en el Medio Oriente.
2.- Ley de Hidrocarburos de 2006
En 2006 la Asamblea Nacional de mayoría chavista efectuó una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos a fin de cambiar la condiciones en las cuales operaban las empresas petroleras transnacionales socias de PDVSA en Venezuela. Total (Francia), Statoil (Noruega), BP (Gran Bretaña) y las estadounidenses ConocoPhillips, Chevron y ExxonMobil habían llegado a Venezuela en las década de los 90 en el marco de la llamada apertura petrolera. Sus inversiones habían conseguido incrementar en 600.000 barriles diarios la producción petrolera del país en un contexto de bajos precios del crudo.
Pero una década después la cotización promedio por año del barril comenzó a subir y el gobierno de Chávez decidió incrementar la carga fiscal de esas empresas. Eso implicaba modificar los contratos. La mayoría aceptó, menos dos: ExxonMobil y ConocoPhillips. Con la primera se llegaría a un acuerdo, no así con la segunda, que ha terminado ganando una demanda al Estado venezolano por la expropiación de sus activos en 2007.
Muy en su estilo Chávez convirtió aquello en una gran gesta patriótica, cuando en realidad golpeó el interés del resto del mundo por invertir en el desarrollo del sector petrolero venezolano. Con grandes dificultades (entre otras por las pérdidas que ocasiona el control de cambios) la mayoría permanece en el país esperando un cambio de rumbo.
Hoy Venezuela produce dos millones de barriles menos que en 1998, mientras que al mismo tiempo la producción de crudo ha crecido en Colombia, Estados Unidos y Canadá.
3.- Expropiación de los proveedores de la Costa Oriental
En 2009, Chávez ordenó 140 expropiaciones (dato aportado por el exministro y expresidente PDVSA Eulogio del Pino) a empresas privadas de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, al occidente del país, que prestaban servicios de transporte y mantenimiento a PDVSA.
Fue una decisión sin ningún sentido económico, pues perjudicó (todavía más) el desempeño de la gallina de los huevos de oro.
La única explicación razonable es que ya por entonces PDVSA no tenía cómo cancelar los compromisos con estos proveedores y esa fue una manera de pagarles. Expropiándolos. Pero eso fue como pegarse un tiro en el pie.
Destruir la economía para que la población dependa del petro-Estado tiene sentido hasta que se destruye al sector petrolero que sostiene ese esquema de dominación (Leer más: La increíble y triste historia del colapso petrolero de Venezuela). Este es el punto en el cual se concluye que en realidad más que una estrategia ha habido la enorme ignorancia e incompetencia que ha caracterizado la mente de todos los entusiastas de los proyectos socialistas en los últimos 100 años.
