(EFE).- La ONG de Venezuela Control Ciudadano informó este jueves que 51 ciudadanos fueron «abatidos» por funcionarios de los órganos de seguridad del Estado y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), durante el pasado diciembre.
«En diciembre, Control Ciudadano contabilizó 51 ‘abatidos’ en manos de órganos de seguridad del Estado y la FANB, en operaciones que se desarrollaron en 11 entidades federales del país», indicó la ONG en un comunicado de prensa.
Asimismo, señaló que estas muertes fueron justificadas por el Estado venezolano, por tratarse de presuntos «enfrentamientos con delincuentes», pero a juicio de Control Ciudadano, podrían denominarse en la mayoría de los casos como «ejecuciones extrajudiciales, violando el derecho a la vida, la integridad personal y el debido proceso».
La organización explicó que este registro se basa en un monitoreo mensual de medios de comunicación que dan cuenta de los «abatidos» en manos de policías y militares en todo el país.
«Se pasó de 73 personas abatidas en noviembre a 51 en diciembre de 2021. No aparece ninguna mujer como abatida en el registro», añadió.
Indicó que las muertes se registraron en Miranda y Carabobo con 11, Zulia con 8, Trujillo con 7, Bolívar con 4, Aragua con 3, Anzoátegui con 2, Portuguesa, Nueva Esparta y Monagas con 1.
Añadió que los principales órganos de seguridad involucrados en este tipo de «ejecuciones» fueron el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 16, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) con 8, comisiones mixtas de policías con 8 y la Policía de Carabobo con 7.
«El análisis de los datos está mostrando como cada vez más se están involucrando las Policías estatales y las Policías municipales en esta práctica que parece ser una política de Estado», apostilló la ONG.
Igualmente, para Control Ciudadano llama la atención como en la mayoría de los procedimientos donde se reportan «abatidos» participan comisiones mixtas de policías y militares, sin determinarse la línea de mando u oficial responsable de la operación, «con lo cual se dificulta la determinación de responsabilidades, en caso de violaciones a los derechos humanos».
La organización hizo un llamado a la Fiscalía General del país caribeño para que en todos los casos de «abatidos» en procedimientos realizados por órganos de seguridad del Estado y componentes de las Fuerzas Armadas se adelanten «las investigaciones correspondientes, que permitan determinar responsabilidades de ser el caso».
