Daniel Gómez (ALN).- Siria, Yemen, Myanmar y Venezuela son algunos de los países que están sufriendo las sanciones de EEUU en la pandemia, lo que agrava sus crisis humanitarias. ¿Hay solución?
Justine Walker, responsable global de sanciones, cumplimiento y riesgo de la asociación de especialistas antilavado de dinero Acams, dice que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, “tiene una oportunidad única de revisar la política de sanciones y aliviar algunos de los desafíos que se avecinan”.
Lo explica en un artículo para Financial Times en el que recuerda que la crisis del coronavirus ha complicado la situación humanitaria en países como Siria, Yemen, Myanmar y Venezuela.
En esos países, Walker advierte problemas como la exclusión socioeconómica, la infraestructura deficiente y el gran número de personas desplazadas que han provocado sus crisis. Desplazados que, cabe apuntar, acaban impactando en otros países, generalmente en desarrollo y también con problemas socioeconómicos. Un ejemplo son los 1,8 millones de venezolanos del éxodo que están en Colombia.
Walker también afirma que “es poco probable que el levantamiento de las sanciones en estas jurisdicciones ocurra pronto”. Lo cual es un problema para los países antes mencionados porque “los derechos humanos de las poblaciones locales podrían verse aún más amenazados”.
“Ello tendría un impacto perjudicial en la seguridad mundial”, apuntó.
¿Existe solución al problema de las sanciones?
Coordinación y velocidad. El experto recuerda que, aunque las sanciones internacionales tienen exenciones humanitarias, los requisitos son enrevesados y la burocracia lenta. “Las agencias deben adoptar una posición más definida y coherente sobre lo que está permitido: la ONU, los EEUU, la UE, el Reino Unido y otros. La concesión de licencias debe respaldar el movimiento rápido de equipo médico y humanitario. Actualmente el sistema es demasiado complicado”.
Más claridad en las normas. “Debería haber mucha más claridad sobre la actividad permitida para los actores humanitarios”, dice Walker. Si estuviera mejor explicado, las ONGs y otros podrían implementar la gama completa de servicios de apoyo requeridos. “Esto incluye abordar el espinoso tema de la participación permisible con actores designados dentro de una jurisdicción sujeta a sanciones, o el acceso a recursos de infraestructura clave, incluidas las redes telefónicas y la compra de combustible”.
Cooperación. “Los gobiernos que imponen sanciones también deben considerar las áreas donde puede ocurrir la cooperación. La acción práctica podría incluir la preparación de una lista simplificada de medicamentos, productos farmacéuticos y equipos médicos y humanitarios esenciales que puedan desplegarse rápidamente en entornos sometidos a sanciones”, apuntó Walker.
Que haya canales de pago viables. El experto critica que las sanciones financieras no sólo golpean a los corruptos. También a la gente de bien. “Los gobiernos no pueden esperar imponer sanciones a grandes sectores de los sistemas financieros de un país sin que esto tenga consecuencias importantes para las transacciones legítimas. Para entornos como Irán, Siria y Corea del Norte, podría haber una mayor utilización de vehículos de pago de propósito especial que se dedican a respaldar transacciones humanitarias”
