Daniel Gómez (ALN).- Este domingo, la justicia boliviana dictó cuatro meses de prisión preventiva contra la expresidenta Jeanine Áñez y sus ministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, capturados el sábado. Los acusan por delitos de “sedición, conspiración y terrorismo”, pero sin aportar pruebas ni respetar el debido proceso, advierten desde la ONU, la Unión Europea y Human Rights Watch.
Luego de ocho horas de audiencias, la jueza cautelar de Bolivia, Regina Santa Cruz, dictó cuatro meses de prisión preventiva contra la expresidenta Jeanine Áñez y los exministros de Justicia y Energía, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, respectivamente.
Los tres, arrestados en la madrugada del sábado, son acusados de “sedición, conspiración y terrorismo” por el supuesto golpe de Estado cometido contra el expresidente Evo Morales en noviembre de 2019.
La jueza los arresta para “evitar el riesgo de fuga” y que los acusados “intervengan en el proceso”.
“Como hemos denunciado, el MAS [Movimiento Al Socialismo] decide y el sistema judicial obedece: me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió. Desde aquí llamo a Bolivia a tener fe y esperanza. Un día, entre todos, levantaremos una Bolivia mejor”, escribió Áñez en Twitter al conocer la decisión de la jueza Regina Santa Cruz.
El arresto de la expresidenta y sus ministros ha hecho saltar las alarmas en la comunidad internacional. Naciones Unidas, la Unión Europea y Human Rights Watch le han pedido a las autoridades bolivianas respetar el debido proceso. Entre otras cosas, porque no se han presentado pruebas contra los detenidos.
Naciones Unidas pide respetar el debido proceso
El sábado, nada más conocerse el arresto de Áñez, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, les recordó a las autoridades de Bolivia “la importancia de respetar las garantías del debido proceso y la plena transparencia en todos los procedimientos judiciales”.
Agregó “la necesidad de tener presentes los avances logrados por los bolivianos y bolivianas hacia la consolidación de la paz”, y reiteró el compromiso de la ONU “para apoyar estos esfuerzos a través de la facilitación del diálogo y la promoción de los derechos humanos”.
La Unión Europea está preocupada
La respuesta de la Unión Europea se produjo el domingo. En un comunicado, Bruselas dijo que Bolivia vive “acontecimientos preocupantes” y que los están siguiendo“de cerca”.
En este sentido, exigen “un proceso judicial transparente y sin presiones políticas, con pleno respeto a la independencia de los poderes”.
“Los desafíos actuales requieren unidad y objetivos comunes. La UE espera que las diferencias políticas se resuelvan mediante el diálogo y la reconciliación con el fin de preservar la estabilidad política y el respeto de los derechos humanos. La UE seguirá apoyando a Bolivia en este esfuerzo”, añadió la Unión Europea.
No hay pruebas, advierte Human Rights Watch
En un comunicado, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo que “las órdenes de captura contra Áñez y sus ministros no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de terrorismo. En 2020 pedimos que se retiraran los cargos contra Evo Morales por ese mismo motivo”.
Más tarde recordó en Twitter que si bien es cierto que durante el gobierno de Áñez “hubo graves violaciones de derechos humanos, incluyendo dos aberrantes masacres” que “deben ser investigadas seriamente con pleno respeto al debido proceso”, la orden de detención contra la expresidenta “no se refiere a esas masacres, sino que la acusa de ‘terrorismo` sin aportar pruebas”.
La guerra del relato
Lo que es cierto es que en el fondo de la polémica se esconde la guerra del relato. No hay que olvidar que, en octubre de 2019, Evo Morales ganó unas elecciones que se consideraron fraudulentas por buena parte de la comunidad internacional.
Antes de los comicios, el entonces presidente ya venía forzando la Constitución para aspirar a la reelección, y durante la votación, la Organización de los Estados Americanos, que ejercía de observador electoral, encontró irregularidades en el recuento que dio como vencedor a Morales.
Y mientras Morales se proclamaba presidente atendiendo a una elección dudosa, la oposición salía a las calles clamando fraude. El alzamiento popular incendió las calles en Bolivia, y tras semanas de protestas, la cúpula militar “sugirió” a Morales dimitir. Y eso hizo, abandonando la presidencia y el país en noviembre de 2019.
Entonces llegó el vacío de poder que llenó Jeanine Áñez, en ese momento vicepresidenta del Senado. Esta ganó la votación porque los diputados del MAS decidieron no acudir a la elección. Alegaron razones de seguridad. Aunque no hubo quórum, el Parlamento decidió nombrar a Áñez presidenta interina para convocar elecciones una vez se pacificara al país.
Aunque la pacificación nunca se produjo, en parte por la utilización de la justicia y el poder para inhabilitar al MAS, sí cumplió con su principal cometido: convocar las elecciones que ganó Luis Arce en octubre de 2020.
Pero este último es el relato que defiende la oposición. Desde el MAS, sobre todo el sector más radical, se impone la tesis del “golpe de Estado”. Niegan la tesis del vacío de poder y consideran a Áñez como la principal responsable de la salida de Morales. De ahí su detención. De ahí que la acusen de sedición, conspiración y terrorismo. Pero todo esto, como dijo Vivanco, sin pruebas.
Ahora la comunidad internacional presiona para que en Bolivia se respete el debido proceso y se defiendan las garantías de los acusados.
