María Rodríguez (ALN).- El Gobierno de Colombia busca un operador que relance Electricaribe, la que fuera filial de la española Gas Natural Fenosa (hoy Naturgy). Pese a los esfuerzos del Ejecutivo por difundir la convocatoria, sólo una compañía se postuló. La fuerte inversión necesaria y la denuncia de la compañía española contra Colombia ante tribunales internacionales por la liquidación pudieron espantar a otros candidatos.
Participar en un concurso público para operar una empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica debiera ser un buen plan para las compañías energéticas. Pero si en la ecuación aparece Electricaribe, todo se complica, principalmente por el pasado que arrastra y por el abultado monto de inversión que necesita.
La que fuera filial colombiana de la española Gas Natural Fenosa (hoy Naturgy) fue intervenida en 2016 debido a una crisis financiera que arrastraba desde hacía varios años. En 2017 el Gobierno de Colombia liquidó el contrato y ahora está en busca de un operador que la relance.
Pese a los esfuerzos del agente interventor de Electricaribe, Javier Lastra, por difundir la convocatoria de esta subasta vía redes sociales, conferencias y a través de artículos en diversos medios, lo cierto es que sólo una compañía se postuló. El plazo concluyó este fin de semana.
La que fuera filial colombiana de la española Gas Natural Fenosa fue intervenida en 2016
Se trata, según adelantó el diario colombiano El Tiempo, del grupo italiano Enel, a través de la firma Enel Américas, con sede en Chile. Ahora la Financiera de Desarrollo Nacional, que es la que está supervisando este concurso, deberá evaluar la oferta presentada para determinar si cumple con los requisitos establecidos.
Arbitrajes internacionales
Este mínimo interés por operar Electricaribe puede responder a dos circunstancias. La primera y más destacada, la experiencia de Gas Natural Fenosa. Tras la orden de liquidación de Electricaribe en marzo de 2017, la compañía española no se quedó de brazos cruzados e inició un arbitraje internacional (que sigue en marcha) contra Colombia ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional (Uncitral). Pide 1.600 millones de dólares de indemnización o que les devuelvan la filial, de la que poseían 85%.
Esta orden de liquidación hizo saltar todas las alarmas sobre la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras en el país latinoamericano. Después se supo que Sacyr tenía paralizada una autopista estratégica en los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico tras identificar problemas técnicos que generarían sobrecostos (Leer más: El conflicto con Sacyr paraliza una autopista estratégica en Colombia).
Y para remate, Telefónica demandó en febrero de 2018 a Colombia ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) por la sanción de 463 millones de euros que recibió su filial ColTel. ¿El motivo? “Por bienes, infraestructura y equipos previstos en los contratos de concesión de telefonía móvil de 1994”, tal como denunció el Gobierno colombiano (Leer más: Telefónica se suma a Carlos Slim y denuncia a Colombia en Washington).
Pese a las disputas abiertas, el embajador de España en Colombia, Alberto Furmanski, tiene claro que la relación entre España y Colombia no se verá alterada. Así lo afirmó en una entrevista con el diario ALnavío en agosto de 2017. Aseguró que los 60 años de democracia sin interrupción la acreditan como una nación “absolutamente segura” para las firmas extranjeras (Leer más: El embajador de Colombia en España: “Somos un país absolutamente seguro para las inversiones”).
Una inversión de más de 2.300 millones de dólares
La segunda circunstancia que podría haber influido en el escaso éxito de la oferta por Electricaribe es la inversión necesaria. El ministro de Hacienda colombiano, Alberto Carrasquilla, afirmó en agosto que Electricaribe necesita una inversión de 2.341 millones de dólares, tal como informaron fuentes oficiales citadas por la agencia EFE.
El ministro agregó que para que llegue esa inyección de capital se debe trabajar en la solución de “los faltantes de caja”, especialmente en materia de subsidios, porque ninguna compañía va a invertir ese monto con “endeudamientos fuertes en materia financiera y una demanda en tribunales internacionales”, insistió el alto funcionario.
Esta orden de liquidación hizo saltar todas las alarmas sobre la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras
Electricaribe tiene 2,5 millones de usuarios en la costa atlántica colombiana. Suministra electricidad a los departamentos caribeños de Atlántico, Bolívar, Magdalena, César, Córdoba, La Guajira y Sucre.
Más allá de la inversión, el ministro de Hacienda también afirmó que la solución a la crisis que vive Electricaribe está en la atención a los usuarios. “Si no somos serios en estimar exactamente cuáles son las obligaciones que tiene la empresa no vamos a encontrar una solución que sea sostenible y consistente con la meta última, que es la satisfacción de los usuarios”, manifestó, según un comunicado recogido por EFE (Leer más: Colombia reconoce que Electricaribe necesita una inversión de 2.340 millones de dólares).
