Antonio José Chinchetru (ALN).- El ‘quién es quién’ de la corrupción en América Latina no para de crecer. En este momento hay 19 expresidentes investigados o ya condenados por el escándalo Odebrecht y otros casos. Las sospechas penden como una espada de Damocles sobre otros seis. A ellos se suman un vicepresidente acusado y otro encarcelado, así como una cantidad casi imposible de cuantificar de exministros y otros altos cargos que también se enfrentan a la acción de los tribunales. La región no es ahora más corrupta de lo que era hace años. La diferencia es que, tal vez por primera vez en la historia, la Justicia actúa de forma sistemática e independiente.
Un viejo dicho periodístico sostiene que no es noticia que un perro muerda a un hombre, pero sí lo es que un hombre muerda a un perro. La detención o el procesamiento de presidentes y expresidentes latinoamericanos se ha vuelto algo tan habitual que podría llegar a convertirse en algo así como el perro que hinca sus dientes en la pantorrilla de un ser humano. Sin embargo, no es así. Cuando se produce este tipo de acontecimientos siguen ocupando portadas de periódicos y llenando muchos minutos de los informativos radiofónicos y televisivos.
Pocos casos hay tan espectaculares como la detención del expresidente guatemalteco Álvaro Colom. Junto a él, han dado con sus huesos en prisión nueve exministros de su gabinete, lo que resulta especialmente llamativo. Pero si algo ayudará a que este asunto se conozca en todo el mundo es que uno de los arrestados sea el presidente de Oxfam Internacional, el extitular de la cartera de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight. De hecho, en la prensa británica los titulares se centran en el que es uno de los máximos responsables de una ONG global supersubvencionada e hiperideologizada que ha horrorizado al mundo con los escándalos sexuales que están saliendo a la luz.
No es ninguna novedad que un expresidente guatemalteco se vea implicado en un caso de corrupción
Pero, a pesar de lo espectacular de las circunstancias, no es ninguna novedad que un expresidente guatemalteco se vea implicado en un caso de corrupción. La semana pasada unos testigos implicaron al propio Colom y a parte de su gabinete en el escándalo Odebrecht. Por el momento, no ha sido procesado por este caso.
La Fiscalía quiso procesar en 2017 al presidente Jimmy Morales por el cobro de un sobresueldo mensual de 6.858 dólares por ser comandante general de las Fuerzas Armadas. El Tribunal Supremo rechazó la petición después de que Morales devolviera el dinero. Quien sí está procesado es el exministro de Defensa Williams Mansilla.
La lista de expresidentes procesados por corrupción no termina ahí. Otto Pérez Molina está en prisión preventiva desde 2015 acusado de diversos delitos. Quien fuera su vicepresidenta, Roxana Baldett, se encuentra en similar situación desde el mismo año.
El también expresidente Alfonso Portillo fue condenado en 2014 en EEUU, tras ser extraditado por Guatemala, por intentar lavar dinero procedente de sobornos. En este caso, las mordidas provenían de otro gobierno. Taiwán le pagó para que siguiera manteniendo el reconocimiento diplomático.
El listado se completa con Jorge Serrano Elías. Tras dar un autogolpe, similar al de Alberto Fujimori en Perú, en 1993, la presión social y la falta de apoyo militar le obligaron a huir a Panamá. La Justicia le reclama a él, y a varios de sus familiares desde entonces, por diversos casos, incluyendo los de corrupción. De los 10 mandatarios que ha tenido el país desde 1991, cuatro están perseguidos por la Justicia o condenados y uno está bajo sospecha. La lista de exministros es todavía más larga.
Brasil y Perú, récord de expresidentes investigados
El caso Odebrecht ha hecho especiales estragos en la política de Brasil. Seis de los siete presidentes que ha tenido el país desde 1985 se han visto salpicados por este caso. Tan sólo Michel Temer ha salido indemne, después de que el Tribunal Supremo Electoral le exoneró en septiembre de los cargos de financiación ilegal de su campaña electoral.
Dilma Rousseff fue destituida en agosto de 2016 y en septiembre del año pasado la Fiscalía la acusó, al igual que a Luiz Inácio Lula da Silva, de asociación ilícita por el caso Petrobras. Lula da Silva fue condenado por el caso de la petrolera estatal en julio de 2017. Se le impuso una pena de nueve años, ampliada en enero de 2018 a 12 años por un tribunal de apelación. Sigue pendiente de entrar en prisión.
El año pasado, la Justicia imputó por corrupción, relacionada tanto con Odebrecht como con Petrobras, al expresidente Fernando Collor de Mello. También había sido destituido por el Legislativo en 1992. Otros expresidentes investigados por haber recibido dinero de Odebrecht son José Sarney y Fernando Henrique Cardoso.
Cuatro de los cinco presidentes que ha tenido Perú desde 1985 están procesados por corrupción
Otro país que presenta una larga lista de presidentes procesados por corrupción es Perú. Es el caso de cuatro de los cinco hombres que han ocupado la jefatura del Estado tras ganar unas elecciones desde 1985. Después de haber sido condenado por delitos de lesa humanidad en 2007, en 2009 Alberto Fujimori fue sentenciado también por otros de corrupción. Estuvo en prisión hasta diciembre del año pasado, cuando el actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, le concedió el indulto humanitario.
El nombre de quien le precedió en la Presidencia, y volvió a ocupar el cargo entre 2006 y 2011, Alan García, también está muy vinculado a la corrupción. En su primer mandato se sucedieron diversos escándalos que implicaron a varios de sus ministros. Se ha visto salpicado por supuestamente haber cobrado comisiones ilegales de Odebrecht para que adjudicara la Línea 1 del Metro de Lima a la empresa brasileña. Está siendo investigado por ello.
Los sobornos y otros pagos ilegales de la constructora, protagonista de la mayor red de corrupción de América Latina, también salpican a Ollanta Humala, quien se encuentra en prisión preventiva, y a Alejandro Toledo. Sobre este último pesa una orden de prisión provisional. Se encuentra fugado en EEUU y la Justicia peruana está gestionando la solicitud de extradición, que en última instancia deberá ser enviada por el Consejo de Ministros.
El propio Kuczynski logró evitar la acción de la Justicia. La Fiscalía comenzó a investigarle en 2016 por supuestamente haber favorecido a Odebrecht a cambio de comisiones cuando era primer ministro en la Presidencia de Toledo. Para que el proceso siguiera su curso era necesario que el Congreso le destituyera. Esto no ocurrió gracias al voto, entre otros, del hijo de Alberto Fujimori, Kenji Fujimori. Muchos analistas vinculan este hecho con la concesión del indulto al exdictador.
De América Central a Argentina
El Salvador presenta también un triste balance. Los tres presidentes que tuvo entre 1994 y 2014 forman parte del quién es quién de la corrupción en América Latina. Francisco Flores falleció en enero de 2016. Ese mes había comenzado a ser juzgado por apropiarse de 15 millones de dólares donados por Taiwán para la lucha contra la pobreza y ayudar a los afectados por terremotos.
Su sucesor, Antonio Saca, está en prisión mientras se le juzga por tres casos diferentes de enriquecimiento ilícito y cohechos. Completa el trío Mauricio Funes, fugado en Nicaragua desde septiembre de 2016 para no hacer frente a las acusaciones que pesan sobre él por enriquecimiento ilícito.
Rafael Callejas, quien fue presidente de Honduras entre 1990 y 1994, se declaró culpable en 2016 de haber cometido actos de corrupción en su posterior etapa al frente de la federación de fútbol del país. Está esperando sentencia por ello en Estados Unidos, que se dictará en abril de este año.
El exjefe de Estado de Panamá Ricardo Martinelli se encuentra en prisión provisional en Miami (EEUU) desde el verano pasado a la espera de ser extraditado a su país. Fue arrestado por el uso de programas espías para vigilar a sus enemigos políticos, rivales empresariales e, incluso, a una supuesta amante. Los fiscales encargados del caso señalan que Martinelli desvió 13,4 millones de dólares de fondos públicos destinados a programas sociales para pagar un software que le permitió acceder a la información en los móviles de terceras personas. Una juez le ha otorgado esta semana la libertad condicional a cambio de una fianza de un millón de dólares.
Cristina Fernández de Kirchner tiene que hacer frente a tres procesos judiciales por corrupción diferentes
Mientras, en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner tiene que hacer frente a tres procesos judiciales por corrupción. En el primero, el caso Dólar Futuro, está acusada de administración fraudulenta y perjuicio a la administración pública. En el segundo, el caso de Lázaro Báez, fue procesada por asociación ilícita por supuestamente favorecer al empresario kirchnerista. Y en el tercero, el caso Sauces S.A., el juez procesó a Fernández de Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia, al considerar que a través de la inmobiliaria de la que son propietarios cometió un presunto lavado de dinero. Una derivada del caso de Lázaro Báez es la causa Hotesur, por la que también está siendo investigada.
El caso Odebrecht se ha cobrado una pieza de gran tamaño en Ecuador. El exvicepresidente Jorge Glas fue condenado el pasado 6 de diciembre a seis años de prisión por haber recibido 13,5 millones de dólares de la constructora brasileña en el gobierno de Rafael Correa. El antecesor de Lenín Moreno no se ha visto salpicado de forma directa por este escándalo, si bien durante el juicio que culminó con la condena a Glas los testigos apuntaron a diversas personas del entorno más directo de Correa.
Presidentes bajo sospecha
A todos estos casos se suman los presidentes de otros tres países sobre los que sobrevuela la sombra de la sospecha. Aunque Juan Manuel Santos no ha sido acusado formalmente, la Fiscalía de Colombia sostiene que Odebrecht aportó fondos a la campaña electoral del presidente, y también a la de su rival Oscar Iván Zuluaga.
En 2014, la periodista Carmen Arístegui sacó a la luz un escándalo que implicaba al presidente de México. Enrique Peña Nieto y su mujer, Angélica Rivero, vivían en una lujosa mansión que estaba a nombre de una filial de la constructora Grupo Higa. Esta compañía había logrado millonarios contratos con el estado de México cuando Peña Nieto era su gobernador. El propio mandatario ordenó una investigación, que concluyó que no existía ningún conflicto de intereses.
En Venezuela, las sombras de la sospecha se ciernen sobre el propio Nicolás Maduro
El régimen chavista de Venezuela está señalado a nivel internacional como un sistema profundamente corrupto, con casos que implican a muchos de sus altos cargos. La sospecha se cierne sobre el propio Nicolás Maduro. La publicista brasileña Mônica Moura, implicada en el caso Odebrecht, dijo el año pasado que el presidente le pagó 11 millones de dólares en efectivo y no declarados en 2012. Asimismo, Edson Fachin, juez relator del caso Lava Jato en Brasil, apuntó en un documento hecho público que el entonces canciller Nicolás Maduro “exigió que Mônica Moura recibiese casi todos los valores pagados […] en negro, a través de pagos hechos por las empresas Odebrecht y Andrade Gutiérrez”.
En definitiva, hay casi una veintena de expresidentes vivos de Latinoamérica acusados de diversos casos de corrupción. Tres de ellos ya han sido condenados: Alfonso Portillo, Lula da Silva y Alberto Fujimori. Además, recaen sospechas sobre seis presidentes (Jimmy Morales, Pedro Pablo Kuczynski, Michel Temer, Juan Manuel Santos, Nicolás Maduro y Enrique Peña Nieto).
A esto se suman dos exvicepresidentes, una investigada (Roxana Baldett) y otro en prisión (Jorge Glas), y una incontable cantidad de ministros y otros altos cargos. Pese a lo desolador del panorama, hay, sin embargo, un lugar para la esperanza. Una de las grandes paradojas de la corrupción es que aumenta la percepción de su existencia precisamente cuando se la comienza a combatir con seriedad.
De hecho, muchos de los casos abiertos en la actualidad se remontan a las dos últimas décadas del siglo pasado. Si ahora antiguos presidentes, vicepresidentes y otros altos cargos están en prisión o declarando ante el juez es porque la Justicia es más independiente.
